Ley de educación superior: una nueva discusión entre cuatro paredes

Por Saúl Contreras

Los resultados de la Prueba de Selección Universitaria dados a conocer el pasado 27 de diciembre fueron lamentables. Enfrentar que existan promedios de 475 puntos y que un tercio de los postulantes se encuentren en esos niveles –lo que por cierto, los dejaría automáticamente fuera de las instituciones tradicionales– tiene efectos directos en la exigencia de las universidades. Sumado a esto, el descenso de 253 a 65 estudiantes que lograron puntajes nacionales, donde más del 90% proviene de instituciones privadas, es un pésimo indicador que evidencia una vez más las diferencias entre las instituciones públicas y privadas.

Si continuamos con este tipo de resultados, los perfiles de ingreso serán tan bajos que las universidades enfrentarán largos procesos de nivelación para que los estudiantes estén a la par, unos con otros, afectando la calidad de los procesos formativos. En otras palabras, las universidades deberán considerar en sus diseños (más de lo que ya hacen ahora) ciclos formativos y de nivelación para enseñar comunicación oral y escrita, además de habilidades básicas en matemáticas, para luego iniciar la trayectoria formativa. Esto podría terminar por acortar la trayectoria formativa graduando estudiantes cada vez en menos años.

Nadie cuestiona la idea, educación de calidad gratuita e inclusiva. Pero, no podemos estar diseñando un modelo en el cual vamos a recibir a estudiantes con necesidades especiales, con menos competencias desarrolladas, sin un proyecto claro, real, pertinente y diverso –según las instituciones– que garantice espacios y posibilidades de desarrollo durante la trayectoria formativa, de superación y de transformación, de ese estudiante a un profesional competente, con oportunidades de inserción laboral y de aporte al país.

Podría ser bueno separar el marco institucional del financiamiento, con la idea de delinear los objetivos y, por otro, definir los recursos, pero esto no puede desarticularse del todo. No puede, la acción de aclarar funciones, roles y mecanismos, ser más fuerte que el objetivo y principio básico, educación de calidad gratuita e inclusiva. Lo estructural no puede primar sobre los objetivos, sobre las metas, sobre los anhelos.

La calidad en la educación superior, tiene que estar demostrada. Tiene que haber evidencia que son instituciones acreditadas, con altos niveles de desempeño en docencia, productividad, investigación y vinculación con el medio. No puede un estudio de mercado determinar por sí solo, aquello que la sociedad, las escuelas, etc., necesitan respecto, por ejemplo, de sus profesores. Vincularse con el medio, implica interactuar y ser parte de los procesos, detectar necesidades reales en los diversos contextos, para que los futuros profesionales puedan intervenir y mejorar.

Por lo tanto, si queremos un proyecto de consenso, representativo, coherente y sustentable, no se puede pensar, diseñar y decidir entre cuatro paredes o sin considerar de manera real, las opiniones de quienes pueden, desde la académica, desde la investigación y desde la experiencia, aportar. No puede el interés, la estrategia o la política primar por estos criterios, criterios que si se relacionan con la calidad.

Las universidades y académicos dicen presente en el debate, pero no se consideran los aportes para la síntesis final. Muchas instituciones hemos aportado, incluso con jornadas de debate y documentos impresos, que se han enviado a actores que toman las decisiones al respecto, pero esto no queda en los textos finales. La percepción es que se convoca para hacer un saludo a la bandera. Se sigue trabajando entre cuatro paredes, y los textos reflejan un pensamiento ingenieril y mecanicista, no representan un proyecto de calidad, inclusivo y gratuito. Son miles de familias las que esperan ansiosas humo blanco, aunque sea poco, pero blanco de verdad. No neblina. Seguramente vendrán muchas otras publicaciones y libros, y que seguramente también quedarán como productos derivados de las ideas de unos pocos, aun cuando estos pocos nunca hayan investigado, participado o leído (al menos) respecto de las propuestas que se han hecho desde la academia. Si hasta la OCDE nos hizo recomendaciones.

 De forma muy lenta avanzamos al concepto de gratuidad, aunque debiera ser lento pero seguro. Sin embargo, esta idea de gratuidad debe ir acompañada de exigencias, no bajando ponderaciones de ingreso, no disminuyendo las trayectorias formativas propias de las carreras seleccionadas por lo estudiantes. Cierto es que no existe evidencia total y unilateral, pero si existen experiencias que muestran posibles cominos a seguir, que aportan a la valoración de las políticas que se pretenden implementar, por ejemplo, servicio a la comunidad. ¿Existe algo que sea totalmente gratis? ¿Podría ser mal valorado que alguien que estudia gratuitamente preste un servicio a la comunidad? ¿Sería mal visto o mal valorado que un futuro profesional apoye las labores de una biblioteca municipal o universitaria?

Saúl Contreras es director del Departamento de Educación y éste artículo fue publicado por el diario La Tercera.