U. de Santiago aprueba protocolo para erradicar acoso sexual, discriminación y violencia de género
Por Soledad Fuentes Mansilla
Con la participación de una Comisión Triestamental, compuesta por la fiscal Alejandra Veliz Aleluya; representantes académicas, estudiantiles, funcionarias/profesionales y el Área de Género, Equidad y Diversidades del Programa RSU, se consolidó el nuevo Protocolo de Política Institucional de Prevención, Sanción y Reparación frente al acoso sexual, de género y de otras conductas discriminatorias, de la Universidad de Santiago de Chile.
La Resolución, firmada con el número 1287 y con fecha 30 de marzo del 2017, tiene por finalidad ser la normativa legal en la Institución que prohíba y sancione toda forma de violencia sexual y de género, protegiendo la dignidad de las personas en sus relaciones, garantizando un clima académico, estudiantil y laboral basado en los principios constitucionales de respeto a la libertad, el trabajo, la igualdad, equidad y respeto mutuo.
El secretario general de la Universidad, Gustavo Robles Labarca, destacó la relevancia de la resolución. “Este documento tiene un valor muy importante, ya que cuenta con el carácter de política institucional. Es prácticamente una declaración de principios, y constituye un elemento informativo, de difusión y una pieza legal para mejorar nuestra cultura y nuestra actitud frente a las conductas que se quieren erradicar”.
Principales innovaciones del Protocolo
Mediante la Resolución, considerada como una declaración de principios, el Plantel reafirma su compromiso en avanzar hacia la equidad de género.
En el Protocolo, la Universidad de Santiago de Chile, se compromete a “promover el derecho de todas las personas, sin discriminación arbitraria, al goce y ejercicio de sus derechos y libertades para trabajar y estudiar en un medio de respeto y dignidad asegurando su desarrollo integral”.
Entre otro de los puntos relevantes, destaca la importancia de “educar y sensibilizar a la comunidad universitaria sobre los procedimientos a seguir ante eventuales situaciones de acoso sexual y/o género, velando por la integridad de todas las personas involucradas en respeto al debido proceso y con las medidas cautelares necesarias”.
Para la Encargada del Área de género, equidad y diversidad del Programa RSU, Andrea Hurtado Quiñones, quien fue integrante de la comisión creadora del Protocolo, se trata de una iniciativa innovadora, al ser elaborado bajo un esquema de Derechos Humanos. “Es un protocolo que incluye la gran diversidad de manifestaciones que acogen la violencia sexual y la violencia de género que se pueda producir al interior de la Universidad, teniendo en cuenta que actúa como un espejo de la sociedad en general”.
Agrega que se trata de “un paso muy importante, en donde la Universidad reconoce y condena estas acciones a través de la elaboración de este protocolo institucional”. Asimismo destaca la inclusión de procedimientos que antes no existían, entre ellos la creación de medidas cautelares, y la formación de equipos interdisciplinarios para asesorar y acompañar a las personas involucradas.
Por su parte, el secretario general, Gustavo Robles, destaca el trabajo conjunto del equipo triestamental para lograr consolidar el proyecto, y la aplicación del procedimiento dirigido a todos los integrantes de la comunidad universitaria, incluyendo a quienes se vinculan con el quehacer institucional sin que pertenezcan a la Universidad.
“Es el fruto del trabajo de un conjunto de personas interesadas y muy comprometidas en que estas temáticas se difunda. Parte naturalmente, como todo instrumento jurídico, con la información de fuentes legales, en las cuales se apoya el proceso”, manifiesta la autoridad universitaria.
Agrega que “esta temática se viene desarrollando en el Plantel desde hace varios años, luego que en 2005 se dictara la ley 20.005, que se refiere por primera vez a la figura del acoso sexual e incluye en el Código del Trabajo una causal de despido de un trabajador que incurra en estas prácticas, y a la vez una figura muy interesante, que es el autodespido, por consideración a esta conducta. Respecto de los funcionarios públicos los preceptos de dicha ley se introdujeron al estatuto administrativo que rige al personal de la Universidad. En nuestro Protocolo se estimó necesario establecer su aplicación también entre estudiantes y funcionarios”, explica.
Percepción desde la comunidad universitaria
De la elaboración del Protocolo, también participaron funcionarios, académicos y estudiantes, quienes dieron cuenta de las necesidades de cada estamento universitario.
La académica de Ciencias Médicas, Amaya Pavez Lizarraga, destacó la diversidad de participantes en la elaboración de la Resolución. “Es un gran avance, ya que es un desafío que a veces no es perceptible porque es muy invisible. Se considera que hemos conseguido logros de igualdad de género, por los cambios que se han producido en los últimos 20 a 30 años, especialmente en Chile, pero las diferencias y desigualdades persisten. Fue creado por representantes de toda la comunidad universitaria, que de alguna manera tienen alguna sensibilidad hacia la temática de género y de la igualdad, y que lo ven como una posibilidad transformacional de nuestra sociedad”, sostiene.
Por su parte, el estudiante Stefano Buscaglia Fernández, encargado de la Vocalía de Género y Sexualidades de la U. de Santiago, indica que: “es un importante avance dentro de la universidad, en tanto pretende erradicar las prácticas invisibilizadas y naturalizadas del machismo y la discriminación a la diversidad sexual que están insertadas en la comunidad universitaria”.
El estudiante agrega que, “esta política podrá servir como un respaldo legal para las víctimas de acoso y discriminación. Creemos firmemente que el protocolo debe estar regulado constantemente, debe continuar evolucionando desde las demandas de los estamentos y debe actuar con justicia. Ante el desarrollo de problemáticas actuales en todos los espacios, es urgente aplicar medidas contra la violencia de género en la Universidad”, sostiene.
El procedimiento cuenta con una extensión de 8 páginas, en donde se presentan los objetivos instaurados por el Plantel, definiciones sobre formas de violencia y discriminación, comportamientos asociados, ámbito de aplicación, los pasos a seguir para denunciar, el proceso de investigación y de acompañamiento a los actores involucrados, medidas cautelares y resoluciones finales.
Fuente: U. de Santiago al Día